La reciente autorización del Departamento de Justicia de Estados Unidos para que Nicolás Maduro y Cilia Flores financien su defensa con fondos públicos venezolanos significa, en términos prácticos, que el Estado asumirá el millonario costo de un juicio penal de carácter privado y personal por narcoterrorismo.
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En el plano jurídico, esta decisión implica la eliminación del mayor obstáculo que amenazaba con paralizar el histórico proceso en la corte de Manhattan. Que Maduro acceda a las arcas de la nación significa que la justicia estadounidense priorizó la viabilidad del juicio por encima del bloqueo financiero absoluto, cediendo ante el riesgo de que el caso fuera desestimado por violar el derecho constitucional a la defensa.
Esta concesión, canalizada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), representa una victoria táctica para el abogado Barry Pollack. El equipo legal logró demostrar ante el juez Alvin Hellerstein que el régimen de sanciones asfixiaba económicamente a los acusados hasta el punto de la indefensión, obligando al sistema federal a flexibilizar sus propias políticas de Estado para evitar un vicio procesal insalvable.
Sin embargo, acceder a los fondos de la nación no significa tener un cheque en blanco. La medida impone un cerco financiero estratégico, estableciendo que los pagos solo pueden realizarse con capitales que ingresaron al control del Estado venezolano después del 5 de marzo de 2026. Esto implica que las reservas históricas y el dinero represado previamente continúan estrictamente protegidos por Washington.
A su vez, el documento oficial prohíbe el uso de recursos provenientes de los «Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros». En la práctica, esto significa que el crudo venezolano sigue blindado; ni Maduro ni el régimen, ahora liderado por Delcy Rodríguez, podrán utilizar los ingresos generados por las ventas petroleras reguladas por Estados Unidos para saldar las deudas del bufete privado.
Desde el punto de vista político interno, la medida transfiere una pesada carga al chavismo. Significa que la administración deberá identificar, aislar y transferir recursos estatales que cumplan con la orden ejecutiva 14373, desviando dinero del erario público para proteger a la antigua cúpula de poder frente a un tribunal extranjero.
Para la política exterior de la Casa Blanca, este movimiento refleja un complejo equilibrio entre sus agencias. Aunque la fiscalía defendió la legalidad de las sanciones alegando intereses de seguridad nacional, el gobierno de Donald Trump comprendió que mantener una asfixia financiera total sobre los honorarios legales crearía un escenario perfecto para que la defensa apelara un futuro veredicto condenatorio.
Finalmente, que Maduro utilice las arcas de la nación sienta un precedente controversial en el manejo de capitales sancionados. Significa que, bajo la presión del debido proceso estadounidense, el patrimonio de un país en crisis será legítimamente utilizado como escudo financiero para garantizar que un exmandatario se siente en el banquillo de los acusados sin la excusa de no poder pagar a sus abogados.
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